El escándalo de Pegasus ha revelado cómo, desde hace años, gobiernos de todo el mundo utilizan tecnología avanzada para espiar a actores de la sociedad civil (abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, representantes políticos, etc.), poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones, así como las libertades civiles, como la libertad de expresión, la reunión pacífica, el derecho a la información y el derecho de asociación. El impacto del uso de software espía implica una vulneración de derechos en cadena, de un alcance incalculable, que afecta no solo a la persona espiada y a su entorno, sino a toda la sociedad.
Este proyecto pone de relieve hasta qué punto se han traspasado los límites de todo Estado democrático y de derecho: el espionaje por parte del Estado español a abogados en ejercicio como método para acceder a sus clientes y conocer las estrategias jurídicas que estaban utilizando.
A través del litigio estratégico impulsado por uno de los abogados espiados, quien ha iniciado acciones legales por delitos de revelación de secretos, buscamos concienciar sobre los peligros de software como Pegasus y propiciar cambios en las leyes españolas y europeas para que las estrategias empleadas por los Estados estén sometidas a controles exhaustivos. Luchamos por la prohibición de estas herramientas de espionaje ilegales, con el objetivo de proteger a la ciudadanía ante abusos, defender los derechos humanos y la democracia, y garantizar que las personas espiadas sean reparadas y existan garantías de no repetición.
¿Qué es Pegasus?
Pegasus es un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Desde 2010, la empresa de ciberseguridad ha vendido su producto estrella (Pegasus) a servicios de inteligencia de diversos países para espiar e intervenir dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de un gran número de actores de la sociedad civil. Según las directrices del fabricante, en España el órgano gubernamental que podría adquirir este tipo de software espía es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En abril de 2022, el instituto canadiense Citizen Lab y Amnistía Internacional revelaron el espionaje de 65 personas entre 2017 y 2022 en España, en lo que se conoce como el “Catalan Gate”, debido a que el espionaje iba dirigido al movimiento soberanista catalán, incluyendo a abogados defensores de personas encausadas. Hasta el momento, el CNI solo ha confirmado la autoría del espionaje a 18 de las 65 personas espiadas, argumentando que lo hizo con autorización judicial del Tribunal Supremo. Cabe recordar que este espionaje no formaba parte de ninguna investigación judicial por la comisión de delitos, sino que se llevó a cabo en el marco de las "investigaciones de seguridad" del CNI.
Las 47 personas restantes, entre las que se incluye el abogado representado por Irídia, siguen sin saber qué ha pasado con sus dispositivos, por qué fueron espiadas ni qué se ha hecho con la información y documentación recopilada. Entre las personas espiadas hay dos abogados más, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes políticos del movimiento soberanista.
Pegasus permite acceder a todo el contenido de un dispositivo e incluso activar la cámara y el micrófono de manera remota, sin que la persona espiada sea consciente. Además, desde su creación, este software ha evolucionado hasta el punto de que su última versión no requiere ninguna acción del usuario (zero-click) para infectar el dispositivo. El mercado de la industria de vigilancia está en auge, y sabemos con certeza que, en la actualidad, se siguen desarrollando nuevos programas. La velocidad y la complejidad con las que avanza esta industria requieren una acción urgente y contundente.
¿Por qué es tan peligroso?
Que el Estado pueda espiar a cualquier persona por considerarla disidente o, incluso, a los abogados que la representan, vulnera gravemente el derecho a la privacidad, el secreto de las comunicaciones y el derecho de defensa. Además, afecta disuasoriamente el derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión y la libertad de información, entre otros. Llevarlo a cabo sin ningún tipo de control —ni antes, ni durante, ni después— debilita las instituciones públicas, profundiza la desconfianza ciudadana y ataca el Estado de derecho. Cabe recordar, una vez más, que ni siquiera se trataba de personas investigadas por la comisión de delitos.
El marco jurídico que regula el CNI y su control se encuentra en leyes de 2002, totalmente superadas por los avances tecnológicos y sociales. Las actividades del CNI, además, son información clasificada, regulada por una ley anterior a la democracia: la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Después del descubrimiento del "Catalan Gate", el Parlamento Europeo inició la Comisión PEGA, señalando a España, junto con Hungría, Grecia y Polonia, como uno de los países responsables del uso de Pegasus contra actores de la sociedad civil. Después de un año de mandato, la comisión recomendó a España llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva, así como una reforma del marco jurídico. El Parlamento catalán también llevó a cabo una comisión de investigación. El Congreso español no aprobó la creación de una comisión de investigación hasta finales de 2023 y, hasta la fecha, no se ha reunido ni una vez.
Mediante el litigio estratégico que financia este proyecto, buscamos que los responsables de estos actos comparezcan en juicio, además de lograr cambios en la legislación actual a nivel estatal y europeo, para que hechos de esta índole no vuelvan a suceder.
El proyecto busca combatir el uso ilegal de Pegasus y proteger los derechos fundamentales. Nos centraremos en tres líneas de acción principales:
1. Acciones legales e investigación:
En Irídia representamos a uno de los abogados espiados, impulsando un litigio estratégico que busca identificar a los responsables del espionaje y llevarlos a juicio. Dada la opacidad en el funcionamiento del CNI y de la empresa fabricante y comercializadora, es absolutamente necesaria una investigación exhaustiva del entramado empresarial de NSO Group para esclarecer responsabilidades individuales, más allá de las de la entidad jurídica. Al mismo tiempo, continuamos trabajando para identificar a los responsables en las instituciones públicas implicadas.
2. Trabajo en red:
En Irídia colaboraremos con otras organizaciones de Cataluña y del Estado español, así como con organizaciones de Polonia, Hungría y Grecia —países en los que el Estado también ha hecho uso de Pegasus—, y con entidades de ámbito europeo. El objetivo es realizar litigación conjunta y/o coordinada tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, proporcionaremos información y documentación a organizaciones regionales como el Consejo de Europa y mecanismos de Naciones Unidas, exponiendo los impactos de estas prácticas y proponiendo cambios necesarios.
3. Campaña de incidencia política:
Paralelamente, realizaremos una campaña de incidencia política en distintos niveles: en el ámbito estatal, para reformar la regulación del CNI y derogar la Ley de Secretos Oficiales de origen franquista, y en el ámbito europeo, con el objetivo de garantizar que los mecanismos utilizados por el Estado hacia la ciudadanía estén bajo control y respeten los derechos humanos. Consideramos que herramientas tan invasivas como Pegasus deberían estar prohibidas debido a la imposibilidad de garantizar su control y uso adecuado.
Con estas acciones legales, de trabajo en red e incidencia política, queremos denunciar el uso ilegal de Pegasus, exigir que se depuren responsabilidades y promover los cambios necesarios en el ámbito legislativo para que abusos como estos no vuelvan a suceder.
Queremos llevar a los responsables del espionaje ilegal a juicio. Queremos saber quién está detrás del entramado empresarial de Pegasus y que tengan que responder ante la justicia. Queremos acabar con el espionaje de Estado y conocer quiénes, cómo y por qué fueron investigadas e infectadas las víctimas de Pegasus.
Este proyecto va dirigido a toda la sociedad, a todas las personas que creen que existen límites que no deben ser traspasados por un Estado que se considere democrático. Porque estos límites son garantías imprescindibles para el derecho a una defensa adecuada, libre de intromisiones, y para preservar la intimidad, la libertad de expresión y de información, así como la participación política.
El equipo de Irídia está formado por personas con diversas trayectorias profesionales: abogadas, psicólogas, periodistas, politólogas y sociólogas que aportan experiencia en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Combinamos el trabajo técnico remunerado con el trabajo voluntario y activista.
Nueve años avalan el trabajo que llevamos a cabo, con cientos de personas atendidas y acompañadas tanto en el ámbito jurídico como psicosocial, decenas de campañas de incidencia y cambios reales en las políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia. Durante este tiempo, la entidad y el equipo han ido creciendo y consolidándose.
En relación al software espía, el equipo de Irídia lleva más de dos años formándose y participando en espacios de ámbito catalán, estatal y europeo para integrar las mejores estrategias de litigación e incidencia que garanticen un impacto positivo, no solo en el caso concreto, sino que también repercutan en cambios legislativos, jurisprudenciales y de políticas públicas.
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